Las instituciones del sector financiero son responsables de grandes volúmenes de activos físicos y digitales relacionados con las transacciones monetarias e inversiones de sus clientes. Como tales, las empresas y los consumidores dependen de sus bancos, cooperativas de crédito, corredurías y minoristas elegidos para mantener la seguridad y confidencialidad de la información, y cumplir al mismo tiempo con las distintas normas estatales y federales aplicables. No hacerlo puede resultar en la pérdida de la confianza del cliente, daños a la reputación y multas y sanciones normativas, lo que convierte al cumplimiento estricto a través de políticas de administración de registros en una necesidad.